Análisis Jurídico a la Reforma Constitucional en la Ciudad de México relativa a la Propiedad Privada

05 de Septiembre de 2024

Legal Analysis of the Constitutional Reform in Mexico City regarding Private Property

El 02 de septiembre de 2024, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer a los ciudadanos la publicación de una reforma en el inciso A), numeral 2 del Artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México a través de la Gaceta Oficial.

Antes de la reforma, el texto constitucional establecía:

“Artículo 3. De los principios rectores

1.(…)

2. La Ciudad de México asume como principios:

A) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal”

Ahora bien, con la reforma quedó de la siguiente manera:

“Artículo 3. De los principios rectores

1. (…)

2. La Ciudad de México asume como principios:

A) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;”

De lo anterior, se advierte que lo medular de esta reforma consiste en que la propiedad privada en la ciudad de México ahora será respetada en términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Pero ¿Qué establece dicho artículo respecto de la propiedad privada?

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

(…)”

Es necesario señalar que, nuestra Carta Magna se divide en dos partes, la primera es la dogmática en donde se establecen los derechos humanos, las garantías constitucionales así como las libertades sociales; y, la segunda es la parte orgánica, en la que se establece la forma que adopta el Estado para gobernarse, la creación de los órganos a través de los cuales éste ejerce sus atribuciones y los procedimientos para designar o elegir a los titulares de aquellos, la división de poderes, sus facultades y limitaciones.

Cabe mencionar que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra en la parte dogmática y, por ende, protege la propiedad privada de los ciudadanos, ya que ésta no puede ser ocupada sin su consentimiento, salvo por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

En conclusión, la reforma a la Constitución de la Ciudad de México, al adecuarse al artículo 133 de la Constitución Federal, esta no desconoce ni limita los derechos humanos de los ciudadanos, toda vez que el artículo primero de la Carta Magna señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta, así como de las garantías para su protección.

Se enfatiza en que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, el derecho a la propiedad privada no cambiará, ni se vulnerará en la ciudad de México. Pero, es imprescindible vigilar la actuación tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, ya que podría existir en el futuro alguna propuesta de reforma al numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En Rivadeneyra, Treviño y de Campo S.C. estamos dando seguimiento al presente particular, por lo que nuestros abogados se encuentran a sus órdenes para asesorar en el cumplimiento a las disposiciones aquí mencionadas y guiarlos en el proceso correspondiente. Se elabora este documento con fines informativos. El contenido no debe considerarse como un consejo u opinión legal.

Esperamos que la presente información sea de su utilidad, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario adicional que pueda surgir al respecto.

On September 2, 2024, the Government of Mexico City announced to the citizens the publication of an amendment to paragraph A), numeral 2 of Article 3 of the Political Constitution of Mexico City through the Official Gazette.

Prior to the reform, the constitutional text stated:

“Article 3. Of the guiding principles.

1.(…)

2. Mexico City assumes as principles:

A) Respect for human rights, the defense of the democratic and social State, social dialogue, the culture of peace and non-violence, sustainable and solidary economic development with a metropolitan vision, the fairer distribution of income, the dignity of work and wages, the eradication of poverty, respect for private property, substantive equality, non-discrimination, inclusion, accessibility, universal design, preservation of ecological balance, environmental protection, protection and conservation of the cultural and natural heritage. The property of the City over its assets of the public domain, of common use and of the private domain is recognized; likewise, the ejido and communal property”.

Now, with the reform it is as follows:

“Article 3.

1. (…)

2. The City of Mexico assumes as principles:

A) Respect for human rights, the defense of the democratic and social State, social dialogue, the culture of peace and non-violence, sustainable and solidary economic development with a metropolitan vision, a fairer distribution of income, the dignity of work and wages, the eradication of poverty, respect for property in the same terms of article 27 of the Political Constitution of the United Mexican States, substantive equality, non-discrimination, inclusion, accessibility, universal design, preservation of the ecological balance, environmental protection, protection and conservation of the cultural and natural heritage. The property of the City over its assets of the public domain, of common use and of the private domain is recognized; likewise, the common land and communal property”.

From the foregoing, it is clear that the core of this reform is that private property in Mexico City will now be respected in terms of Article 27 of the Political Constitution of the United Mexican States (CPEUM).

But what does this article establish with respect to private property?

Art 27. “The ownership of the lands and waters included within the limits of the national territory, corresponds originally to the Nation, which has had and has the right to transfer the domain thereof to private individuals, constituting private property.

Expropriations may only be made for reasons of public utility and by means of compensation.

The nation shall at all times have the right to impose on private property the modalities dictated by the public interest, as well as to regulate, for the benefit of society, the use of natural elements susceptible of appropriation, in order to make an equitable distribution of public wealth, take care of its conservation, achieve the balanced development of the country and the improvement of the living conditions of the rural and urban population. Consequently, the necessary measures will be dictated to organize human settlements and establish adequate provisions, uses, reserves and destinations of land, water and forests, in order to execute public works and to plan and regulate the foundation, conservation, improvement and growth of population centers; to preserve and restore the ecological balance; to divide up large estates; to provide, under the terms of the regulatory law, for the organization and collective exploitation of common lands and communities; For the development of small rural property; for the promotion of agriculture, cattle raising, forestry and other economic activities in rural areas, and to prevent the destruction of natural elements and the damage that property may suffer to the detriment of society.

(…)”

It is necessary to point out that our Federal Constitution is divided into two parts: the first is the dogmatic part, which establishes human rights, constitutional guarantees and social liberties; and the second is the organic part, which establishes the form adopted by the State to govern itself, the creation of the organs through which it exercises its powers and the procedures to appoint or elect the holders of those organs, the division of powers, their powers and limitations.

It is worth mentioning that Article 27 of the Political Constitution of the United Mexican States is in the dogmatic part and, therefore, protects the private property of the citizens, since it cannot be occupied without their consent, except for public utility and by means of compensation.

In conclusion, the amendment to the Constitution of Mexico City, by adapting it to Article 133 of the Federal Constitution, does not disregard or limit the human rights of citizens, since Article 1 of the Constitution states that all persons shall enjoy the human rights recognized therein, as well as the guarantees for their protection.

Likewise, the norms related to human rights will be interpreted in accordance with the Political Constitution of the United Mexican States, therefore, private property rights will not change, nor will it be violated in Mexico City. However, it is essential to monitor the actions of both the Executive and Legislative Branches, since in the future there could be a proposal to reform Article 27 of the Political Constitution of the United Mexican States.

At Rivadeneyra, Treviño y de Campo S.C. we are following up on this particular matter, and our attorneys are at your service to advise you on the fulfillment of the provisions mentioned herein and to guide you through the corresponding process. This paper is prepared for informational purposes. The content of this document should not be considered as legal advice or opinion.

Hoping that this information is useful to you, we remain at your service for any questions or additional comments that may arise in this regard.

Rivadeneyra, Treviño y de Campo
Litigio

Tirso Javier de la Torre Sánchez

tjdelatorre@rivtrev.com

Alejandro Tinoco Otalauorrichi

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